Corte Suprema confirma ilegalidad de allanamiento e incautación en Municipio de Llay Llay
El máximo tribunal del país confirmó que la medida carecía de justificación y que el actuar policial vulneró la libertad de dos funcionarios, por lo que la fiscalía deberá devolver teléfonos yPCs
La Corte Suprema falló a favor de dos funcionarios de la Municipalidad de Llay Llay, acogiendo un Recurso de Amparo en su defensa y que ya había sido declarado ilegal por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 30 de septiembre pasado. Ahora la fiscalía deberá devolver los teléfonos y los computadores incautados de manera ilegal tras la determinación del máximo tribunal del país.
La resolución confirma la ilegalidad de la autorización judicial y el procedimiento policial que derivó en la incautación de computadores laborales y teléfonos personales el pasado 11 de septiembre. En ese mismo procedimiento se inventó de manera mal intencionada por la prensa que el alcalde Edgardo González Arancibia había sido detenido por una decena de funcionarios de la PDI.
Con un gran despliegue, los agentes de la Brigada de Delitos Económicos llegaron al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos sin contar con una orden judicial fundada, algo muy extraño en este tipo de procedimientos. Por ello, uno de los afectados solicitó dicho documento, siendo retenido por al menos 4 horas sin tener derecho a comunicarse mientras se gestionaba una orden verbal del Juzgado de Garantía de San Felipe.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que fue confirmado por la Corte Suprema determinó que la medida se dispuso de forma infundada, vulnerando la normativa, argumentó que existe ausencia de antecedentes que vincularan objetivamente a los dos funcionarios con los delitos que se investigan, evidenciando una falta de proporcionalidad en la decisión. Además, se concluyó que la PDI vulneró la libertad personal de uno de los amparado al mantenerlo retenido en su oficina a la espera de la orden.
En consecuencia, primeramente el tribunal de alzada y ahora la Corte Suprema dejaron sin efecto la autorización judicial y declaró ilegales los resultados de las diligencias. Además, ordenó restituir los objetos incautados a la brevedad, eliminar los datos obtenidos de ellos y declaró ilegal el procedimiento ejecutado por la PDI.