¿Quién manda aquí? La cárcel que se construye, no se construye, se demuele… o quizás tampoco
En política hay una regla bastante sencilla: antes de anunciar algo, conviene saber si es cierto. Y, mejor todavía, asegurarse de que las autoridades del mismo Gobierno manejen la misma información.
Algo que, a propósito de las cárceles en Aconcagua, parece haberse transformado en un desafío.
Primero, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que la cárcel proyectada no se realizaría en San Antonio y habló de estudios relacionados con Aconcagua. La noticia corrió rápido. Pero después llegó la aclaración: no había querido decir que la cárcel se construiría en Aconcagua.
Primer capítulo: anuncio, preocupación y aclaración.
Luego vino otro episodio. Millones habló de la demolición de la actual cárcel de San Felipe. Una afirmación bastante concreta para un edificio bastante concreto.
Pero apareció el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, y puso una enorme interrogante sobre la mesa: no tendría antecedentes oficiales sobre dicha demolición. Según explicó, la información conocida desde Justicia y Gendarmería apunta a que se está evaluando qué hacer con las instalaciones y eventualmente mejorar su infraestructura.
Entonces tenemos una cárcel nueva que podría venir, pero aparentemente no se anunció que vendría; y una cárcel antigua que sería demolida, aunque las autoridades provinciales no tienen información oficial de que vaya a demolerse.
¿Se entendió? Probablemente no. Ese es precisamente el problema.
Esto ya no se trata solamente de infraestructura penitenciaria. Se trata de coordinación política, rigurosidad comunicacional y credibilidad.
Cuando una autoridad regional anuncia y posteriormente hay que interpretar, aclarar o relativizar sus palabras, algo está fallando. Y cuando otra autoridad del mismo Gobierno reconoce que no dispone de los antecedentes que respaldarían un anuncio de esa magnitud, la pregunta es todavía más incómoda:
¿Las autoridades conversan entre ellas antes de hablarle a la ciudadanía?
San Felipe y Aconcagua no necesitan gobernar mediante trascendidos, interpretaciones ni capítulos semanales de “lo que realmente se quiso decir”.
La ciudadanía necesita certezas: qué está decidido, qué está en estudio y qué simplemente es una posibilidad.
Porque cuando desde el Gobierno llegan versiones diferentes, no solamente se confunde a la comunidad.
También se erosiona algo bastante más difícil de reconstruir que una cárcel: la confianza pública.